Mires donde mires solo hay basura, escándalos y corruptelas. De esta manera tiene su gracia que el ministro Maragallo, a tenor de la imputación de la infanta Cristina, se lamente de que tal suceso no sea bueno para la “marca de España”. Quizás tenga razón si lo que pretende es atraer a todos los chorizos y estafadores internacionales a un país con una justicia de andar por casa, que permite a los poderosos robar y estafar a discreción. Porque no se entiende, al menos el que escribe, que una justicia con mayúsculas perjudique o ensombrezca la marca España. Sentar en el banquillo a una infanta cuando hay indicios de colaboración con el delito que se juzga es demostrar que existe una ley universal para todos de la que  deberíamos sentirnos orgullosos en vez de lamentarnos. Pero al parecer no es así.

Siempre he creido que los fiscales, en la inmensa mayoría de los casos, estaban para perseguir y acusar a presuntos delincuentes. De esta manera ni entiendo ni concibo ni comparto como ciudadano la reacción del fiscal del Estado, Pedro Horrach, desautorizando al juez Castro por la no menos lógica y esperada imputación de la infanta para que declare sobre sus posibles responsabilidades en el caso Noos. Semejante interferencia del fiscal acompañada por el aplauso de la casa real convierte en agua de borrajas las propias palabras del rey cuando afirma “la justicia debe ser igual para todos”. ¿Cinismo? ¿Oportunismo?  Quizás las dos cosas. Porque si tales palabras hubieran sido sinceras, la casa real no se habría apresurado en aplaudir la decisión del fiscal como lo ha hecho. También, porque si nuestra justicia fuera democrática o lo que es lo mismo, igual para todos, el propio rey debería sentarse en el banquillo y explicar muchas cosas que se translucen en la documentación aportada en este escandaloso caso.

El fiscal no solo intenta poner a salvo a la princesa borbón sino que además y por lo que he podido leer por ahí, piensa permitir que Urdangarín viaje a Qatar en los próximos días ––un país sin acuerdo de extradición con España–– para ocupar un puesto de entrenador, seguramente, propiciado por los intensos contactos telefónicos de nuestro monarca con sus “hermanos” cataríes.

Urdangarín ya ha aceptado el “trabajo” y así se lo ha hecho saber al rey. Sin embargo, no hay noticia que le haya pedido permiso al juez Castro, porque ¿cómo uno de los más importantes imputados de este caso se puede marchar a vivir a otro país? Cabría preguntarse, al menos, si ha pagado la fianza que le impuso en su día el juez. ¿La ha pagado? Pues parece ser que no, y lo peor es que hasta hoy nadie le ha embargado ni echado del millonario palacete donde él y su familia continúan viviendo tranquilamente rodeados de guardaspaldas a cargo del contribuyente. Mientras por un lado la fiscalía del estado defiende y facilita por omisión la posible fuga de un presunto delincuente, por otro va a arremeter y sancionar a los que protestan y se echan a la calle, víctimas de una ley hipotecaria ilegal.

Lo que subyace descaradamente en todo este asunto es la escandalosa permisividad de esta justicia con los poderosos, que, sin embargo, no se aplica ni de lejos cuando el imputado es un ciudadano de a pie. En la inmensa mayoría de los casos se les aplica automáticamente la prisión preventiva si no pagan la fianza impuesta por el juez. Por otro lado mucho me temo que la insólita actitud del fiscal Horrach ––insólita porque apenas hay precedentes–– al deslegitimar un auto de 18 páginas donde el juez Castro razona de manera impecable la imputación de la infanta, y la de permitir al principal acusado la salida de España en realidad se esté buscando darle el carpetazo a este caso. Y esto sucede cuando “una justicia igual para todos” se atrevió ha llamar a la puerta de la casa real. 

Al juez Castro le han colado un perverso gol, esperemos que no le cuelen otro, permitiendo que Urdangarín pueda marcharse impunemente de España.

Mientras tanto, Bárcenas, senador y tesorero que fue de este PP, que ahora se preocupa por la marca España, campea impunemente con su botín de decenas de millones de euros, riéndose de jueces y fiscales y marcando los tiempos de la política nacional.

MARCA-ESPAÑA-2Muchos nos preguntamos a santo de qué no se le ha aplicado a este individuo la prisión preventiva. ¿Acaso no ha creado suficiente alarma social en el país? Bárcenas es un ejemplo tangible de la clase de justicia que tenemos. ¿Por qué el fiscal General del Estado no actúa? ¿Cómo es posible que continúe este tipo en libertad para ir de un lado a otro, mangonear el dinero de sus robos o destruir y manipular pruebas? Porque cabría pensar que si detrás de la actuación del fiscal del caso Noos pudo estar la mano de la casa Real, en el de Bárcenas puede estarlo la del gobierno del PP al que este mafioso mantiene secuestrado. 

Es toda esta podridumbre lo que debiera preocuparle al señor Maragallo a la hora de valorar los males para esa “marca España” que vende, y que hasta ahora solo representa un reino de chorizos con patente de corso.

j.m.boix