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“Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) presentó en la mañana de ayer el informe sobre el estado de la tortura en España correspondiente al año 2012. Es el noveno consecutivo, y para su elaboración se han utilizado los criterios de los anteriores, que definían la tortura siguiendo el artículo de la Convención de la ONU sobre ésta y otras penas y tratos degradantes.

El informe recoge 288 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos contra 851 personas, si bien no se han tenido en cuenta todas la denuncias de las que se produjeron a lo largo del año, algunas por petición expresa de las personas afectadas y otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada.

 

Torturas 2012 – Evolución afectados

El aumento de las personas afectadas es notable en los dos últimos años. Valentín Aguilar, coordinador del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) —una de las organizaciones que forman parte de la CPDT— pone de relieve la relación entre el incremento de “las movilizaciones sociales y los actos atentatorios contra las personas y la libertad del ciudadano”, aunque matiza que “se mantienen otras circunstancias más oscuras y tradicionales, ajenas a la crisis, como las de los presos o las personas que están en centros de internamiento de extranjeros”, que “también sufren la crisis pero de una forma diferente”.

La Coordinadora resalta que hay que tener en consideración que un importante número de casos relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP) no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas. Según Aguilar, “hay un sentimiento de que existe una absoluta impunidad que al final degenera en que la ciudadanía decide no ejercer derechos que tiene, porque sabe que no va a servir para nada”. Además, explica el riesgo de que “en muchos casos puede implicar denuncias por parte de los propios policías contra los ciudadanos que los han denunciado previamente”, algo que constatan los datos y testimonios recogidos en el informe.

Por comunidades autónomas, Madrid se sitúa a la cabeza con 49 situaciones de tortura que afectaron a 278 personas, seguida de Cataluña con 53 casos y 141 personas y Andalucía con 42 y 97 personas afectadas. Sin embargo, si se comparan los casos en relación con la población son Melilla y Ceuta, con más de 37 y 8 denuncias por cada 100.000 habitantes respectivamente, quienes se llevan la palma. Madrid se sitúa por encima de 4,3, Cataluña con 1,94 y Andalucía con 1,17.

Torturas 2012 – Afectados por comunidad

Aguilar opina que, “en ciertas circunstancias, el número de inmigrantes puede generar situaciones más conflictivas en zonas límite, donde haya mucha confluencia de personas que lleve a una tendencia, a un control excesivo”. Sin embargo, asegura que “lo más normal es que el color no determina por sí una situación irregular por parte de la Policía, aunque es cierto que estas personas están sometidas a un superior control y pueden tener un mayor peligro de sufrir torturas”.

La tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes en todo el Estado Español se coloca en 1,85, lo que supone un leve aumento respecto a los datos de años anteriores. Curiosamente, en la mayoría de las comunidades que superan la tasa nacional se da la circunstancia de que no existe presencia de asociaciones pertenecientes a la CPDT.

 Torturas 2012 – Afectados por habitantes

En el informe de 2012 se observa una importante reducción de las denuncias recibidas de personas detenidas en régimen de incomunicación y también que se mantiene el elevado número de denuncias que afectan a personas migrantes, el 12% del total.

Cabe resaltar que 591 personas denunciantes, el 69% del total, lo hicieron tras ser agredidas al participar en diferentes movilizaciones sociales. Casi el triple que en los dos últimos años. A este respecto, adquiere especial relevancia la muerte de Íñigo Cabacas por el impacto de una pelota de goma, así como las 37 personas que sufrieron lesiones graves por el mismo motivo, lo que ha hecho que la CPDT reclame a las Fuerzas de Seguridad del Estado que dejen de utilizar este tipo de material.

En cambio, la respuesta de las autoridades, sostiene Aguilar, “siempre es la misma: negación de la evidencia” y la de “no hacer caso a la Coordinadora ni a organismos internacionales contra la tortura”. De hecho, aclara que este tipo de armamento “sigue utilizándose”.

Un dato que se debe tener en cuenta es que durante el pasado año en 23 situaciones resultaron agredidos 53 periodistas mientras realizaban su trabajo durante varias movilizaciones sociales, lo que en opinión de la Coordinadora es otro ejemplo de lo costoso y difícil que resulta documentar las agresiones policiales incluso para los profesionales de la información.

“Lo que se está persiguiendo es dejar claro a los profesionales que estén un poquito al margen y que es peligroso intervenir de una forma muy activa”, explica Valentín Aguilar, que apunta que esta forma de proceder se repite “cuando un abogado que está defendiendo a otra persona que denuncia malos tratos plantea que existen torturas de manera generalizada”. Entonces “incluso se le puede librar testimonio por si hubiese cometido algún tipo de delito en su exposición verbal”. En su opinión, “ese intento de controlar y limitar al profesional en su trabajo ahora va sobre todo contra los periodistas, porque tienen una función muy importante de protección de la ciudadanía”.

En lo referente a los funcionarios denunciados por estos casos, es el Cuerpo Nacional de Policía el que bate todos los records con 117 situaciones que afectaron a 514 personas, seguido por las Policías Autonómicas, con 49 casos y 155 personas afectadas, y por los Funcionarios de Prisiones, con 64 situaciones y 81 afectados.

Torturas 2012 – Afectados por cuerpo

Otro aspecto relevante del informe son los datos sobre las muertes bajo custodia. En 2012, 64 personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia de miembros de las FCSE, funcionarios de prisiones o personal de centros de menores. El dato resulta aún más escalofriante si se completa con que desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre del pasado año fueron 786 los fallecimientos en estas circunstancias. Y especialmente preocupante el que 507 de ellos, el 64,5%, ocurrieron en las cárceles españolas, lo que no deja en muy buen lugar al Sistema Penitenciario del Estado.

Aguilar afirma que después de estos decesos “hay una investigación muy básica, que es muy débil y que no se puede catalogar ni de investigación”. Por ello, “muchos familiares se sienten muy mal y creen que no se toman en serio una cuestión tan triste como el fallecimiento de una persona en prisión”. El número de fallecimiento en prisiones se mantiene en los últimos años.

Según el portavoz de la APDHA, “nosotros sólo reflejamos aquéllos de los que hemos tenido conocimiento directo”, aunque “son muchos más e incluso ni se conocen oficialmente”. Para él, “es intolerable que se sigan produciendo muertes en un sitio de control, en el cual el número que debería producirse es el normal en la sociedad”, más aún “teniendo en cuenta que no suele haber personas mayores de 65 ó 70 años”. Por eso, concluye, “cada fallecimiento es un fracaso del sistema penitenciario”.