EL PAIS › HISTORICA RESOLUCION DE LA MAGISTRADA ARGENTINA, BASADA EN LA JURISDICCION INTERNACIONAL, EN LA CAUSA POR CRIMENES DEL FRANQUISMO.

La jueza, Servini, encomendó el arresto preventivo, con fines de extradición, de ex policías acusados de practicar torturas durante la dictadura española. En caso de que el gobierno de Rajoy cumpla con la medida, deberán declarar en Argentina.

Maria-Servini

El aura de impunidad que rodea a Francisco Franco comenzó a desdibujarse ayer en Argentina. En una resolución que se encamina a ser histórica, María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, donde se tramita la única querella en el mundo por crímenes del franquismo, dictó una orden de detención internacional contra cuatro españoles acusados de practicar torturas durante la dictadura en España. La magistrada encomendó el arresto preventivo, con fines de extradición, de Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. En caso de que el gobierno español cumpla con la medida y no interfiera en la acción de la Justicia argentina, los ex policías deberán presentarse ante la jueza para prestar declaración indagatoria por torturas.

En un escrito de 209 páginas, Servini de Cubría señala que los delitos que se imputa a los ex funcionarios franquistas “constituyen crímenes de lesa humanidad” por lo que, en uno u otro caso, “la acción y la pena son imprescriptibles” y sus responsables están sujetos a la aplicación del principio de jurisdicción internacional. Hasta 2011, González Pacheco (67 años) se desempeñó como jefe de tráfico de Loomis, una empresa de transporte del grupo Securitas. José María “Chato” Galante Serrano lo reconoció en las sesiones de tortura. El y otros compañeros lo colgaban de las muñecas a un radiador para usar su cuerpo como “saco de golpes” en sus habituales prácticas de karate. También le aplicaron la “bañadera”, un método de tortura que consistía en meterlo, de cabeza, en un tacho con aguas estancadas hasta que perdiera el conocimiento. Por los golpes recibidos orinó sangre y coágulos durante meses. Nunca más pudo correr o moverse como solía hacerlo. Roberto Conesa y Juan García Gelabert también lo golpearon mientras estuvo prisionero. Luis Suárez Carreño Lueje imaginó hasta la obsesión que saltaba por una ventana de la sala de interrogatorios. “Cualquier cosa me parecía deseable para acabar con esas sesiones de tortura”, declaró. Suárez Carreño Lueje recordó a Billy el Niño como un hombre con una personalidad retorcida. Se jactaba de un conocimiento minucioso de militantes de izquierda y, en particular, de aquellos miembros de la Liga Comunista Revolucionaria.

Giralte González (71 años) fue denunciado por sus subordinados en 2000 y sancionado mientras se desempeñaba como comisario jefe de Alcobendas. Fue, al igual que Billy el Niño, un miembro destacado de la Brigada Político Social (BPS), fuerza que actuó como policía del régimen franquista. Alfredo Rodríguez Bonilla lo reconoció a él y al inspector Jesús González Reglero como los funcionarios policiales que lo golpeaban en la cara, lo pateaban en la entrepierna y le daban golpes con cadenas. “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”, le decían mientras le pegaban en diferentes partes del cuerpo. A medida que la sesión de tortura avanzaba, Rodríguez Bonilla perdía resistencia y se caía al suelo. Los golpes, entonces, se incrementaban.

Custodio de Franco, Galván Abascal (78 años) fue trasladado de la escolta de la Casa Real a la Delegación de Gobierno de Madrid, donde el 30 de enero de 1989 fue nombrado comisario jefe de Seguridad Ciudadana. En la querella presentada ante Servini de Cubría, Acacio Puig Mediavilla señaló al ex miembro de la BPS como su torturador y quien diseñaba estrategias de sufrimiento que padeció en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. El 19 de julio de 1996, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió –también a los comisarios Francisco Luis Colino Hernanz y Jesús Simón Cristóbal– por el asesinato de Enrique Ruano Casanova, crimen perpetrado el 17 de enero de 1969. La acusación contra los policías fue desestimada por falta de pruebas. En un voto por demás particular, María José de la Vega Llanes, magistrada del tribunal que intervino en el proceso judicial, determinó que Ruano había sido asesinado de un disparo, una versión que alentaban los abogados del hombre asesinado. Sin embargo, como no pudieron establecer cuál de los policías había ejecutado el disparo, los jueces decidieron dejar en libertad a los tres imputados. El fiscal y el abogado del Estado solicitaron, ante una posible condena, que se aplicara la amnistía decretada en 1977. El Tribunal Supremo dejó firme el fallo absolutorio el 10 de julio de 1997.

Muñecas Aguilar (74 años) ingresó a la Guardia Civil en 1961. Siete años más tarde fue enviado a la comandancia de Zarautz, su primer destino, donde el policía se vio involucrado en diversas denuncias por malos tratos. Estuvo al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa hasta 1976, pero fue relevado de ese cargo por haber torturado a la sindicalista Amparo Arangoi, obrera de la Papelera Sarrió, en Leiza, Navarra. La mujer fue internada, por las palizas recibidas, en la residencia Virgen del Camino, de Pamplona. Luego de impedir que efectivos de la Guardia Civil ingresaran al centro de salud para interrogarla, los médicos determinaron que la vicepresidenta del Sindicato del Papel y Artes Gráficas de Navarra presentaba hematomas en todo el cuerpo, de gran profundidad en la región glútea, con posible bloqueo intestinal y renal. Jon Ugutz Arrizabalaga Basterrechea presentó una denuncia en su contra por las torturas impuestas a su hermano Andoni, luego de ser detenido el 18 de agosto de 1968. En el exclusivo Centro Hípico Valdemoro, ubicado en el Paseo del Prado S/N, del que es dueño, se celebró el 25 de febrero de 1994 un homenaje a Antonio Tejero. A ese evento asistieron los guardias que acompañaron al teniente coronel en el golpe de Estado de 1981, cuando asaltaron el Congreso de los Diputados.

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