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No contento con los extragos sociales que está produciendo, el PP también quiere enmudecer a sus víctimas. Para ello ha preparado un nuevo Código que ata de pie y manos, además de amordazar al que sufre sus desmanes. Un Código Penal que nos aleja totalmente de nuestro derecho constitucional a la libre expresión, que a partir de su entrada en vigor actuará como espada de Damocles de una legislación penal perversamente ambigua contra el derecho a ejercer esas libertades ciudadanas. En esta ocasión el gobierno ha considerado en su provecho potenciar la penalización administrativa en la que, recordemos, a diferencia de la penal, el condenado carece de cualquier derecho a defenderse. De esta manera el que se manifiesta en la calle queda totalmente indefenso ante una policía que le puede acusar de alborotador, de violencia por llevar un palo de pancarta o ejercer la resistencia pacífica o por lo que les venga en gana. Generalmente las condenas se traducirán en elevadas multas a pagar, si o si, que esquilmarán, aún más si cabe, los precarios bolsillos de los que se manifiestan o protestan por tanta injusticia. También Internet estará en el punto de mira de esta nueva legislación represiva y anti democrática.

El nuevo código será nefasto tanto para los movimientos sociales organizados como la PAH, que trabaja la resistencia ciudadana ante los desahucios, como para los abuelos de las preferentes que protestan contra los bancos. En definitiva para cualquier tipo de protesta dirigida contra instituciones públicas o privadas. Es otra vuelta de rosca más, otra gravísima agresión contra las libertades que proteje nuestra Constitución, hoy gravemente desmantelada en lo que refiere a su capítulo I, que consagra “Un Estado Social y Democrático”.

j.m.boix