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Antes de que concluyan las investigaciones sobre la muerte de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaira, esta distinguida señora, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se ha apresurado en afirmar que los alimentos consumidos por la familia Caño eran todos “comprados” en las tiendas de la localidad, y que por tanto no ha habido por medio intoxicación alguna por parte de alimentos caducados recogidos en las basuras. Quizás es la vergüenza de esta señora y la de toda la Junta lo que la obliga a salir al paso de una realidad que no solo afecta al gobierno central sino que también al autonómico. La familia Caño se buscaba la vida como podía, desengañada de tantos pares y nones con los que acostumbra a torear la administración el desastre social. Personalmente conozco la realidad de los ayuntamientos, que apenas tienen dinero para atender la masiva calamidad de una urgencia social que apenas pueden atender, aunque tal hecho no les excusa de su gran parte de responsabilidad en la tragedia a la que se enfrentan. El señor Caño, padre de la familia malograda, pidió una ayuda, el prometido salario social que IU llevaba en su programa, sin embargo esta ayuda no llegó, o según justifican, tarda diez meses en aprobarla si es que la dan. Tiempo más que suficiente para morirse de hambre. De esta manera, una familia sin trabajo ni ayudas ¿de dónde iba a sacar el dinero para comprar alimentos en tiendas? ¿Se lo daba la Consejera de su bolsillo? Todo apesta a manipulación, incluido el dato de que la familia “guardara los tickes”. Qué oportuno. Por otro lado, el sobrino ha manifestado que su familia no comía de los contenedores ni alimentos caducados. Y es natural que lo haga porque tales hechos muchos los consideran vergonzosos e indignos. Pero la manifestación contra el Ayuntamiento por parte de los vecinos denunciando la brutal precariedad que viven muchos del pueblo no deja lugar a dudas de la situación real por
más que se quiera maquillar.

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Decenas de miles de Andaluces pululan hambrientos por comedores sociales y también alrededor de los contenedores de basura, y esto es responsabilidad de la Junta de Gobierno de Andalucía al acatar las criminales políticas de Rajoy. La nueva Ley de Régimen Local que pretende imponer los del PP van a agravar aún más esta situación de miseria que asola los pueblos de Andalucía. Los Ayuntamientos, bastión indiscutible de la democracia, van a ser vaciados de contenido social. ¿A dónde acudirán estas miles de criaturas que no tienen para comer, ni para pagar el recibo de la luz o el alquiler de sus casas? La deshumanización del Partido Popular pretende llegar también a los Consistorios, negándoles el pan y la sal con las que poder ayudar a sus vecinos más necesitados.

A los Ayuntamientos siempre se les negó esa parte que le correspondía en el reparto de la riqueza. Aquel idílico 25%. Pero el Ayuntamiento nunca pasó de ser la hermanita pobre de las instituciones, y eso a pesar de que ha quitado mucha hambre en España, especialmente en Andalucía a pesar de no recibir, practicamente, ninguna ayuda de los gobiernos de turno. Pero no contentos con tamaña injusticia, ahora, el austericidio va entrar de lleno en estas instituciones, rematando la insostenible situación de nuestros pueblos. El PP se gasta un millón de euros en comprar la plaza de toros de Ecija mientras en la localidad que gobierna existen más de plaza-de-toros-ecija6.000 parados. Es la idología de un partido que no le duele despilfarrar en sus bastardas quimeras ––en este caso la protección de la “fiesta nacional”–– al tiempo que le niega el pan a los ciudadanos que sufren, a los que mueren inmersos en una vida de pesadilla como la familia Caño. El “austericidio” del Partido Popular está programado contra los más débiles.

Puede ser que al final la tragedia de Alcalá de Guadaira se deba a otras circunstancias que la de comer productos intoxicados, pero eso no quita ni un ápice de realidad a la dramática situación que padecen ciento de miles de familias abandonadas por las administraciones, ni tampoco resta responsabilidad a esos políticos encerrados en sus despachos que pretenden ignorar la realidad de sus gobernados. Ya no es posible la exculpación, ni “acato por imperativo legal” que valga ante una situación que raya lo inhumano.