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AYER, LOS MANIFESTANTES FUERON ASEDIADOS POR UN EJÉRCITO DE MÁS DE 1.400 POLICÍAS, ESCUADRONES DE CABALLERIA, DECENAS DE LECHERAS Y POR EL SEÑOR POSADAS, CANCERBERO DEL CONGRESO.
Ayer, 25 de abril, poco más de mil personas se apostaron pacíficamente a pie de una valla que les separaba más de medio kilómetro de un Congreso que dice representarnos. El señor Posadas, el cancerbero del nido de corruptos que allí habita, asomaba de cuando en cuando la nariz para observar a la ingente tropa del gobierno apostada contra el pueblo. El vocerío de los desarrapados le llegaba de muy lejos y respiró tranquilo. Una vez más la democracia estaba a salvo del populacho.
Ayer la gente tuvo miedo. Hay gente muy peligrosa en este gobierno que sólo sabe provocar. De nuevo los incidentes fueron alentados por la policía que tornó a cargar porque unos jóvenes zarandearon la vergonzosa valla que defiende al Congreso de las iras del pueblo. No vi en ningún momento que los manifestantes llevaran palos, u otro tipo de materiales que hicieran pensar en una concentración violenta. Sus manos estaban desnudas. Dicen los de la policía que requisaron un par de petardos de feria y algunos cócteles. Total, toda una revolución armada.
Respirar se está volviendo un acto violento en este país. Esa misma mañana, la tropa armada del gobierno penetraba a sangre y fuego en la Universidad con el permiso de un rector cobarde, para detener y aterrorizar a los estudiantes que habían decidido allí encerrarse pacíficamente. Ya no quedan cuarteles para las víctimas de esta represión, ni iglesias ni universidades que las proteja.
Ayer se detuvo a demasiadas personas por nada, y hubo demasiados policías heridos por nada. Ayer venció la propaganda fascista por nada. Sólo fue el fracaso de mil personas asediadas por mil quinientos esbirros del régimen. Sólo el fracaso de una democracia encarcelada entre ingentes barreras metálicas. Ayer faltaron los seis millones doscientos mil parados en la plaza de Neptuno. Ayer faltaron mucha gente, demasiada. Sin embargo el miedo es algo justificable, y vuelve a triunfar una vez más. Porque don miedo se ha vuelto un omnipresente policía, el peor de todos ellos, el más eficaz. Se le teme más que a la propia hambre.
Ayer, el aguilucho rostro de la Cifuentes apenas podía disimular una maligna satisfacción de triunfo. Su culto a la coacción y al terror había triunfado una vez más. Ayer no pasó nada. ¿Pero, qué podía pasar en una convocatoria anunciada por ese chivato de internet? Alberto Casillas Asenjo, el camarero que defendió en su establecimiento a los manifestantes del 25-S de la brutalidad policial lo tenía muy claro cuando el otro día manifestó «que el que quiere hacer realmente daño no lo va pregonando por internet». Más razón que un santo.
Ayer los medios televisivos, entre ellos «la Sexta» hicieron un lamentable espectáculo del evento. Ayer estaban todos contra los concentrados. Ayer se olvidaron del abuso policial, atentos sólo a magnificar cualquier atisbo de violencia de los machacados que ya no saben como hacerse escuchar.
Así las cosas, la presión de la olla sigue subiendo.
j.m.boix
Comunicado de AUSAJ
Publicado en 15/04/2013 by plataformaenpie
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
“LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO” (AUSAJ).
La Asamblea General de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA “LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO” (AUSAJ- Asociación contra la Indefensión), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior, en el Grupo 1, Sección 1, nº Nacional 592184, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
“Por Acuerdo unánime de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, celebrada en fecha 1 de marzo de 2013, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos y en la Ley, la Asociación acoge favorablemente la solicitud efectuada por la Plataforma ¡En Pie!, por lo que ejercerá la Defensa Letrada de los asistentes a la Convocatoria realizada por la Plataforma ¡En Pie!, “25A, Asedia el Congreso”, a celebrar en Madrid a partir del día 25 de abril del presente, sin que el presente Acuerdo suponga compartir o apoyar dicha Convocatoria, ciñéndose la actuación de la Asociación a la Defensa Jurídica, judicial y/o Administrativa, de quienes participen en la Convocatoria y así lo requieran de los Letrados de esta Asociación, D. Jesús Díaz Formoso y Dª Belén Luján Sáez, quienes llevarán a efecto el presente Acuerdo”.
Ante las informaciones aparecidas durante los últimos días en distintos medios informativos en relación con la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma ¡En Pié!, desde AUSAJ nos vemos en la obligación de emitir el siguiente
COMUNICADO
1.- AUSAJ se constituye con la finalidad esencial de “Promover y garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales, así como de sus garantías constitucionales” (Estatutos AUSAJ: http://www.ausaj.org/node/3 ).
2.- Los Derechos Fundamentales a las Libertades de Expresión e Información -consagrados por el Artículo 20 de la Constitución (y ambos ínsitos en los Derechos Fundamentales de Reunión y Manifestación de su artículo 21)- despliegan sus efectos sobre todo el conjunto de derechos Humanos, protegiendo a todos los ciudadanos en su derecho a recibir libremente información, en base a la cual se forma la opinión pública y se promueve el Estado democrático libre y plural que nuestra Constitución establece.
3.- Conforme al Artículo 21 de la Constitución Española “1.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
La Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma ¡En Pié!, ha sido objeto de amplia difusión informativa, lo que supone no solo que sea de general conocimiento para la ciudadanía, sino, y especialmente, su conocimiento por parte de la Administración, esto es, cabe entender cubierto el requisito de Comunicación Previa a los efectos del apartado 2º del citado artículo 21 de la Constitución, pues la propia Administración se ha pronunciado sobre su existencia.
4.- De conformidad con lo expuesto en la Comunicación Pública de la referida Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, efectuada por la Plataforma ¡En Pié! desde su página web, la Convocatoria posee un eminente carácter pacífico.
En nada se opone a la realidad de tal carácter pacífico, el hecho de que sus convocantes, para el caso de que –y ello no resulta ocioso a la vista de los sucesos habidos en la anterior Convocatoria efectuada por la misma Plataforma ¡En Pié! “25S: Ocupa el Congreso”, a que se refiere el artículo “25-S: El Gobierno espía y criminaliza las legítimas actividades políticas de los ciudadanos (I)” , se produzcan, por parte de los Poderes Públicos, acciones violentas contra los ciudadanos que, en ejercicio de sus legítimos Derechos Fundamentales, decidan participar en la Convocatoria “25A”, planteen acciones de Legítima defensa inocuas, tales como rociar con nata las viseras de los agentes antidisturbios que pudieran actuar contra los Derechos Fundamentales de Reunión y Manifestación, contra las Libertades de Expresión e Información y, especialmente, contra los Derechos Fundamentales a la Libertad y a la integridad física y moral, de los ciudadanos asistentes.
No es necesario compartir los postulados concretos que se propugnan por los convocantes para creer firmemente que éstos tienen todo el Derecho a expresarse, a manifestarse y que el mismo Derecho asiste a quienes acudan al acto a ejercitar los propios. Ni para creer que la represión del ejercicio legítimo de los Derechos Fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión de cualquier ciudadano supone pervertir la esencia de la convivencia democrática y de la paz social.
En efecto, recordemos que conforme al artículo 9.2 de nuestra actual Constitución “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, para continuar diciendo en el apartado primero del articulo siguiente (articulo 10.1) que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
En definitiva, no cabe sino la más fuerte repulsa a las manifestaciones de quienes pretenden justificar el recurso a la violencia estatal en contra de la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso” en la alusión, efectuada por sus promotores, al eventual ejercicio lícito del Derecho de Legítima Defensa frente a las nada deseables agresiones ilegítimas que pudieran eventualmente producirse. La Legítima Defensa supone, no lo olvidemos, la previa violencia ilegítima del agresor.
5.- AUSAJ no se ha planteado el apoyo a la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, cuestión sobre la que sus integrantes poseen diferentes opiniones, y que resulta ajena a los fines de la Asociación. La actuación de la asociación, por tanto, se limita a “Promover y garantizar la efectividad de los Derechos Fundamentales, así como de sus garantías constitucionales”.
Así, la labor de AUSAJ se concreta en ofrecer amparo legal a quienes se puedan ver lesionados, afectados en cualquier forma a causa del legítimo ejercicio de sus Derechos Fundamentales a las Libertades de Expresión e Información, así como de los Derechos de Reunión y Manifestación, Derechos Fundamentales garantizados, todos ellos, por la propia Constitución -artículos 20 y 21-, garantía reforzada por el Art. 53 de nuestra Norma Fundamental, pues dichos Derechos Fundamentales figuran entre los comprendidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución (Derechos protegidos por el Recurso de Amparo Constitucional).
En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que es posible recabar la obligación dispensada por los Derechos Fundamentales de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución, tanto frente a los poderes públicos como respecto de otros ciudadanos, alcanzando a los primeros la obligación positiva de contribuir a la eficacia de los derechos garantizados y de los valores que abrigan (SSTC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4; 129/1989, de 17 de julio, FJ 3; 11/1991, de 17 de enero, FJ 2, y 181/2000, de 29 de junio, FJ 8).
La STC 110/1988, de 8 de junio consagra el principio de primacía de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, cuya consagración en la Ley fundamental vincula a todos los poderes públicos (art. 53.1 C.E. y art. 7.1 LOPJ), y más aún respecto de los protegidos por el recurso de amparo, que habrán de ser reconocidos, en todo caso, de acuerdo con su contenido constitucionalmente declarado “sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido” (art. 7.2 LOPJ).
6.- Ni la Constitución (SSTC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6; 47/1987; 194/1987; 176/1988 y 8/1990) ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Sentencias del T.E.D.H. de 9 de octubre de 1979, caso AIREY, y 13 de mayo de 1980, caso ARTICO) consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos; razón por la cual se hace imprescindible asegurar su protección.
Consecuentemente, la infracción, por parte de los Poderes Públicos, del mandato incondicional efectuado por el Artículo 9, apartado 2 de la Constitución (“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”), más en el presente caso, produce el efecto de quedar directamente afectada la efectividad de los derechos fundamentales invocados, ya que no solo se han puesto en peligro, sino que se ha sometido su ejercicio legítimo a unas consecuencias que afectan a la noción que se halla en la base del concepto de derechos fundamentales, esto es, la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), que requiere la plena efectividad de estos derechos fundamentales, de acuerdo con el criterio interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8).
7.- La decisión individual de participar en la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, obedece al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información, pues como señala la STC, 2ª de 15/1/2001, nº 2/2001: “quienes tiene a su cargo la gestión de una Institución del Estado deben soportar las criticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean, y, en su caso, pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143/1991, FJ 5). Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que estas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos”.
Siendo el principal destinatario de la crítica legítima que constituye el objeto de la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, precisamente, el partido que ostenta, tanto la mayoría absoluta en el Congreso, como las funciones de gobierno (y por tanto la dirección de la Administración Pública del Estado -partido que ha venido criminalizando el legítimo ejercicio de los invocados Derechos Fundamentales que la Constitución garantiza de manera singularmente intensa, a la vez que ordena garantizar su efectividad a todos los poderes públicos), si tal ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión e información se puede ver coartado por medio de situaciones en las que, como en la presente, el afectado por la divulgación de las informaciones se encuentra con la posibilidad de obligar a quienes legítimamente ejerciten sus Derechos Fundamentales a soportar graves perjuicios, el riesgo resulta evidente: la derogación “de facto” de Derechos Fundamentales, la imposibilidad de su ejercicio, pues se imponen tales limitaciones que los convierte en meros espejismos, enunciados constitucionales vacíos de contenido y excluidos de la garantía establecida en el art. 53 de nuestra Norma Fundamental.
Es, precisamente, en supuestos como el que nos ocupa (en que la información divulgada afecta, de manera particularmente intensa, a los ámbitos esenciales de nuestro Estado de Derecho), en que la necesidad de preservar la efectividad del ejercicio de Derechos Fundamentales alcanza su grado máximo. Ello no es sino consecuencia de la pacífica y consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, conforme a la cual del ejercicio legítimo de los Derechos Fundamentales no es posible derivar consecuencias perjudiciales para quien los ejercita.
8.- El fundamento constitucional del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información reside en la consideración de una sociedad democrática libre y plural, que conlleva la necesidad de que los ciudadanos puedan estar informados acerca de los asuntos de relevancia pública y social.
En el caso que nos ocupa, la restricción del ejercicio de las libertades de expresión e información, de manifestación y reunión, afectaría, por lo demás, no solo a quienes desean acudir a la Convocatoria “25A: Asedia el Congreso”, sino a toda la ciudadanía, que es a quien se dirige la garantía constitucional del ejercicio de dichos derechos fundamentales; en efecto, la lesión es causada a todos los ciudadanos en su derecho a recibir libremente información, en base a la cual se forma la opinión pública y se promueve el Estado democrático libre y plural que nuestra Constitución establece.
9.- En definitiva, conforme al Acuerdo de 1 de marzo de 2013 de la Asamblea General, AUSAJ se limita y se limitará a velar porque el ejercicio legítimo de los Derechos Fundamentales por parte de los ciudadanos efectivamente se produzca y que, en caso de detenciones –habituales e incluso anunciadas- se sigan respetando sus Derechos, incluido el de tutela judicial efectiva, lo que desempeñaremos ofreciendo desinteresadamente nuestros servicios jurídicos a todo aquél que como consecuencia del ejercicio de sus Derechos Fundamentales sea detenido o multado ese día; labor que desarrollaremos, sin duda alguna, junto a los compañeros del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que actúen ese día –y los posteriores-, a los que, desde aquí, queremos felicitar por su trabajo, especialmente el realizado como consecuencia de las detenciones habidas en torno al pasado “25-S”, que tuvimos oportunidad de observar directamente; así como junto a todos aquellos que lo deseen y estén en disposición para ello, quienes pueden ponerse en contacto a través de nuestra página web (www.ausaj.org).
Es en atención a cuanto ha quedado expuesto, que se produce el Acuerdo de la Asamblea General de AUSAJ a que se refiere el presente Comunicado.
Fdo. D. Jesús Díaz Formoso
Presidente de AUSAJ
Fuente: http://www.ausaj.org/node/4
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«.Convocada por una veintena de colectivos, la manifestación por la III República transcurre mucho más multitudinaria que otros años, en ambiente festivo y entre proclamas de «Abajo una Alteza con tantas bajezas», «España mañana será republicana», «Esta bandera es la verdadera» o «El próximo parado, el jefe del Estado». También se han hecho referencias al ‘caso Nóos’, con gritos como «Urdangarin, Urdangarin, a trabajar al Burger King»
(kaos en la red)
José María Aznar inauguró junto a Mauricio Macri el foro de la derecha pro imperialista.
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Mientras muchos incautos creen que la lucha de clases es cosa del pasado y que hablar de estas cosas sugiere resucitar alcanforadas historias, la realidad nos demuestra que están fatalmente equivocados. La ultraderecha ha encontrado en el liberalismo y su manipuladora manera de entender la democracia el nuevo caldo de cultivo de su dominación explotadora sobre los pueblos de la Tierra.
Aquí, en la America Latina cuyas poblaciones indígenas han soportado sangrientas dictaduras y hambrunas sin fin procuradas por las castas oligarcas que durante siglos las han sometido y diezmado, han desembarcado de nuevo los españoles, y en esta ocasión con la nueva biblia del neoliberalismo en la mano. Los Aznar, Aguirres y demás prebostes de la ultraderecha española más rancia, hacen frente común con los mismos negreros que trataron a estos pueblos hermanos como esclavos, afianzando su prédica inmoral a favor del dominio sacrosanto y universal de los mercados y sus oligarquías. Sus prédicas claman contra los nuevos gobiernos de izquierda en cuanto para ellos subyugan la libertad de los `poderosos, y ponen en peligro a los facinerosos mercados y a las omnipotentes compañías transnacionales.
Son los sanguinarios conquistadores de siempre, que ahora desembarcan remozados de modernidad y con el nuevo evangelio que consagra a sangre y fuego el poder del becerro de oro sobre las criaturas de la tierra.
Toda esta caterva de «inhumanistas» es la misma que promueve la dictadura del saqueo que ya está
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sufriendo Europa y España en favor de los banqueros y especuladores. Las Tatcher, las Merkel, los Aznares, las Aguirres y demás tropel de indeseables no son más que cabezas de la misma hidra venenosa que proclama el libertinaje de los Mercados y la esclavitud de los pueblos. No lo olvidemos. El fascismo se hace converso y se disfraza de liberalismo democrático, aunque no duda en apoyar y promover los golpes de estado cuando lo consideran necesarios para sus bastardos intereses. No caigamos en la trampa de subestimar un pasado que continúa siendo presente. La lucha continúa.
Más sobre este tema en http://bucaneroerrante.blogspot.com/
j.m.boix
Los defensores a ultranza de la gran propiedad privada en España están que echan chispas con la propuesta de la consejera de vivienda y fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de Izquierda Unida. En realidad, este gobierno del PP nunca ha tenido en mente solucionar el drama de cientos de miles de familias cuyos derechos poco le importan. Nada de lo que dice haber legislado a favor de las víctimas de la mafia bancaria ha funcionado, incluyendo la grosera manipulación de la ILP presentada al congreso con el aval de un millón quinientas mil firmas, que estos derechones han destrozado en beneficio de los intereses de los banqueros.
La propuesta de Elena Cortés ha caído como una bomba en los medios ultraconservadores del país, encendiendo las tertulias de las televisiones ultras, que no han dudado en descalificar con argumentos de todo tipo ––la mayoría tan indecentes como peregrinos–– tal medida de socorro para los que padecen la violencia del gobierno del Partido Popular.
Cierto que la medida de Cortés no es definitiva, además de suscitar interrogantes como ¿después de los tres años, qué? ¿Qué pasará con la deuda de los pagos de la hipoteca? A esto la consejera responde que confía que para entonces haya un gobierno en España que solucione de manera definitiva este gravísimo problema social, porque de lo contrario se podría pensar en prorrogar estas expropiaciones.
Es necesario decir, que como es lógico, al PSOE de Griñán no le ha gustado demasiado la medida aunque al final ha tenido que claudicar a regañadientes, quizás por mantener un gobierno de coalición que ya tiene bastantes entredichos. Por lo demás, sería importante que allí donde IU apoya o deja gobernar (caso de Extremadura) tomara nota de esta iniciativa. No hacerlo no tendría ninguna explicación.
Enhorabuena, Elena.
j.m.boix
En un discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario en el marco de unas jornadas organizadas por la Fundación Libertad, la ex presidenta madrileña ha añadido que «de las crisis no se sale con más subvenciones a los sectores económicos en declive». También ha atacado a quienes «ahuyentan la inversión extrajera con la expropiación de las empresas más prósperas del país», justo ahora que se cumple un año de la expropiación de YPF a Repsol.
Aguirre ha arremetido contra «las subvenciones al desempleo», y ha apostado en su lugar por «mejorar la educación y la capacitación profesional».
DEFENSA DEL LIBERALISMO.
Ha defendido el liberalismo como solución contra la crisis. «Lo que ya no toleramos (al menos yo) con tanta paciencia es que se califiquen de ‘liberales’ las políticas que han causado la crisis económica actual», ha sentenciado, y ha comparado las situaciones de la España actual y la Argentina de hace 11 años.
En su opinión, ambas fueron provocadas «por un intervencionismo absoluto del Estado en el sector financiero» y «procedimientos administrativos que transfieren la libertad, los ahorros y el patrimonio de los ciudadanos a manos de burócratas».
Además, ha alertado del «ascenso de los populismos demagógicos en toda América Latina», y se ha referido concretamente a los países «que ahora optan por caudillos -o caudillas- visionarios que se presentan como mesías y salvadores de los pobres y los oprimidos».
Aguirre ha vaticinado que dichos mandatarios «acabarán por sumir en la miseria» a los países que gobiernan.
Mas información en:
http://bucaneroerrante.blogspot.com/
discurso_aguirre_rosario
Mires donde mires solo hay basura, escándalos y corruptelas. De esta manera tiene su gracia que el ministro Maragallo, a tenor de la imputación de la infanta Cristina, se lamente de que tal suceso no sea bueno para la «marca de España». Quizás tenga razón si lo que pretende es atraer a todos los chorizos y estafadores internacionales a un país con una justicia de andar por casa, que permite a los poderosos robar y estafar a discreción. Porque no se entiende, al menos el que escribe, que una justicia con mayúsculas perjudique o ensombrezca la marca España. Sentar en el banquillo a una infanta cuando hay indicios de colaboración con el delito que se juzga es demostrar que existe una ley universal para todos de la que deberíamos sentirnos orgullosos en vez de lamentarnos. Pero al parecer no es así.
Siempre he creido que los fiscales, en la inmensa mayoría de los casos, estaban para perseguir y acusar a presuntos delincuentes. De esta manera ni entiendo ni concibo ni comparto como ciudadano la reacción del fiscal del Estado, Pedro Horrach, desautorizando al juez Castro por la no menos lógica y esperada imputación de la infanta para que declare sobre sus posibles responsabilidades en el caso Noos. Semejante interferencia del fiscal acompañada por el aplauso de la casa real convierte en agua de borrajas las propias palabras del rey cuando afirma «la justicia debe ser igual para todos». ¿Cinismo? ¿Oportunismo? Quizás las dos cosas. Porque si tales palabras hubieran sido sinceras, la casa real no se habría apresurado en aplaudir la decisión del fiscal como lo ha hecho. También, porque si nuestra justicia fuera democrática o lo que es lo mismo, igual para todos, el propio rey debería sentarse en el banquillo y explicar muchas cosas que se translucen en la documentación aportada en este escandaloso caso.
El fiscal no solo intenta poner a salvo a la princesa borbón sino que además y por lo que he podido leer por ahí, piensa permitir que Urdangarín viaje a Qatar en los próximos días ––un país sin acuerdo de extradición con España–– para ocupar un puesto de entrenador, seguramente, propiciado por los intensos contactos telefónicos de nuestro monarca con sus «hermanos» cataríes.
Urdangarín ya ha aceptado el «trabajo» y así se lo ha hecho saber al rey. Sin embargo, no hay noticia que le haya pedido permiso al juez Castro, porque ¿cómo uno de los más importantes imputados de este caso se puede marchar a vivir a otro país? Cabría preguntarse, al menos, si ha pagado la fianza que le impuso en su día el juez. ¿La ha pagado? Pues parece ser que no, y lo peor es que hasta hoy nadie le ha embargado ni echado del millonario palacete donde él y su familia continúan viviendo tranquilamente rodeados de guardaspaldas a cargo del contribuyente. Mientras por un lado la fiscalía del estado defiende y facilita por omisión la posible fuga de un presunto delincuente, por otro va a arremeter y sancionar a los que protestan y se echan a la calle, víctimas de una ley hipotecaria ilegal.
Lo que subyace descaradamente en todo este asunto es la escandalosa permisividad de esta justicia con los poderosos, que, sin embargo, no se aplica ni de lejos cuando el imputado es un ciudadano de a pie. En la inmensa mayoría de los casos se les aplica automáticamente la prisión preventiva si no pagan la fianza impuesta por el juez. Por otro lado mucho me temo que la insólita actitud del fiscal Horrach ––insólita porque apenas hay precedentes–– al deslegitimar un auto de 18 páginas donde el juez Castro razona de manera impecable la imputación de la infanta, y la de permitir al principal acusado la salida de España en realidad se esté buscando darle el carpetazo a este caso. Y esto sucede cuando «una justicia igual para todos» se atrevió ha llamar a la puerta de la casa real.
Al juez Castro le han colado un perverso gol, esperemos que no le cuelen otro, permitiendo que Urdangarín pueda marcharse impunemente de España.
Mientras tanto, Bárcenas, senador y tesorero que fue de este PP, que ahora se preocupa por la marca España, campea impunemente con su botín de decenas de millones de euros, riéndose de jueces y fiscales y marcando los tiempos de la política nacional.
Muchos nos preguntamos a santo de qué no se le ha aplicado a este individuo la prisión preventiva. ¿Acaso no ha creado suficiente alarma social en el país? Bárcenas es un ejemplo tangible de la clase de justicia que tenemos. ¿Por qué el fiscal General del Estado no actúa? ¿Cómo es posible que continúe este tipo en libertad para ir de un lado a otro, mangonear el dinero de sus robos o destruir y manipular pruebas? Porque cabría pensar que si detrás de la actuación del fiscal del caso Noos pudo estar la mano de la casa Real, en el de Bárcenas puede estarlo la del gobierno del PP al que este mafioso mantiene secuestrado.
Es toda esta podridumbre lo que debiera preocuparle al señor Maragallo a la hora de valorar los males para esa «marca España» que vende, y que hasta ahora solo representa un reino de chorizos con patente de corso.
j.m.boix
Qué duda cabe que los escraches les está doliendo y mucho a estos políticos del gobierno. Toda su maquinaria se ha puesto en marcha para desacreditar e, incluso, demonizar estas acciones NO VIOLENTAS de las víctimas de los criminales desahucios. A estas horas tertulias televisivas del pozo de serpientes a sueldo de la ultraderecha más cavernícola, están tratando de desacreditar al movimiento STOP DESAHUCIOS y a su figura más emblemática ADA COLAU. Para ello no tienen escrúpulo alguno de tirar de la difamación más repugnante contra estas personas que sólo pretenden hacer valer de manera pacífica sus derechos fundamentales en esta España de ladrones y facinerosos. Está claro que la protesta pacífica les duele, pero por más que ladren, los escraches nunca serán más que otra forma de protesta NO VIOLENTA.
Gene Sharp, el mayor especialista mundial en formas de protesta no-violenta dice entre otras cosas:
“Cuando la gente rechaza cooperar, se niega a prestar ayuda y persiste en esta desobediencia y postura retadora, le está negando a su adversario el apoyo y cooperación humanas básicas que cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Si lo hace suficiente gente y por un tiempo suficientemente largo, ese gobierno o sistema jerárquico perderá el poder”.
Este profesor emérito de Ciencias Políticas de la universidad de Massachusetts ha recopilado un exaustivo catálogo con los 198 métodos de protesta no-violenta que paso a reproducir:
Declaraciones formales 1. Alocuciones públicas 2. Cartas de rechazo o de apoyo 3. Declaraciones por parte de organizaciones e instituciones (declaración de los sacerdotes en la Francia de Vichy contra la deportación de judíos) 4. Declaraciones públicas firmadas 5. Declaraciones de acusación y de revelación de intenciones 6. Peticiones en grupo o en masa Comunicación dirigida a públicos más amplios 7. Eslóganes, caricaturas y símbolos (grupo judío Baum en Berlín, 1941-42) 8. Banderas, carteles y otros medios de comunicación visual 9. Octavillas, folletos y libros 10. Periódicos y revistas 11. Grabaciones, radio y televisión 12. Escritura aérea y terrestre. Representaciones en grupo 13. Delegaciones 14. Premios satíricos 15. Grupos de presión 16. Montar guardias con piquetes 17. Elecciones satíricas Actos públicos simbólicos 18. Exhibición de banderas y de colores simbólicos (bandera republicana en España) 19. Uso de símbolos en la vestimenta (uso voluntario de estrellas judías amarillas durante la Segunda Guerra Mundial en señal de solidaridad) 20. Oración y ritos 21. Reparto de objetos simbólicos (ratas, basura, etc.) 22. Desnudos de protesta 23. Destrucción de bienes propios (té en la Norteamérica colonial) 24. Luces simbólicas (velas, etc.) 25. Exhibición de retratos 26. Pintadas de protesta 27. Uso de signos y nombres nuevos (uso de la denominación «Polonia» en 1942) 28. Sonidos simbólicos 29. Reclamaciones simbólicas (plantación de semillas para reclamar territorios) 30. Gestos groseros
Presiones sobre los individuos 31. «Perseguir» a las autoridades 32. Burlarse de las autoridades 33. Confraternización (ganarse a las personas con una estrategia amistosa deliberada) 34.VigiliasRepresentaciones dramáticas y musicales 35. Bromas y sketches satíricos 36. Representaciones teatrales y musicales 37. Cantar Procesiones 38. Marchas 39. Desfiles (marchas organizadas en señal de protesta) 40. Procesiones religiosas 41. Peregrinaciones (Gandhi en 1947) 42. Desfiles motorizados 43Homenajes a fallecidos 43. Luto político 44. Funerales satíricos (p. ej., de la «Libertad») 45. Manifestaciones en funerales 46. Homenajes en el lugar de enterramiento Asambleas públicas 47. Asambleas de protesta o de apoyo 48. Reuniones de protesta 49. Reuniones de protesta camufladas («banquetes» políticos en Rusia, 1904-1905) 50. Seminarios Retiradas y renuncias 51. Abandonar la reunión 52. Guardar silencio 53. Renuncia a honores 54. Darse la vuelta.
MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA SOCIAL
Exclusión de personas 55. Boicot social 56. Boicot social selectivo 57. Inactividad al estilo Lisístrata (en «Lisístrata» de Aristófanes, las mujeres juraron no mantener relaciones sexuales con sus maridos hasta que éstos no pusieran fin a la guerra) 58. Excomunión 59. Interdicto religioso (excomunión aplicable a una zona o distrito) No colaboración en acontecimientos, tradiciones e Instituciones 60. Suspensión de actos sociales y deportivos 61. Boicot de asuntos sociales 62. Huelga de estudiantes 63. Desobediencia social (confraternización con los parias en la India) 64. Retirada de instituciones sociales Retirada del sistema social 65. Quedarse en casa 66. Desobediencia personal total 67. «Huida» de trabajadores 68. Proporcionar asilo con connotaciones religiosas 69. Desaparición colectiva 70. Emigración de protesta (hijrat)
MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA: BOICOTS ECONÓMICOS
Acciones por parte de los consumidores 71. Boicot de los consumidores 72. Negarse a consumir productos boicoteados 73. Política de austeridad 74. Impago de rentas 75. Negarse a alquilar 76. Boicot nacional de consumidores 77. Boicot internacional de consumidores Acciones por parte de trabajadores y de productores 8. Boicot de trabajadores 79. Boicot de productore Acciones por parte de intermediarios 80. Boicot de proveedores y de distribuidores Acciones por parte de propietarios y directivos 81. Boicot de intermediarios 82. Negarse a alquilar o a vender propiedades 83. Cierre patronal 84. Rechazo de ayuda sectorial 85. «Huelga general» de comerciantes Acciones por parte de propietarios de recursos financieros 86. Retirada de depósitos bancarios 87. Negarse a pagar tarifas, efectos y pagos sobre valoraciones 88. Negarse a pagar deudas o intereses 89. Retirada de fondos y de créditos 90. Rechazo de impuestos 91. Rechazo de dinero procedente del gobierno Acciones por parte de los gobiernos 92. Embargo dentro del país 93. Listas negras de intermediarios 94. Embargo de los vendedores a otros países 95. Embargo de los compradores a otros países 96. Embargo comercial internacional
MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA: HUELGA
Huelgas simbólicas 97. Huelga de protesta 98. Huelga sin previo aviso (huelga relámpago) Huelgas agrícolas 99. Huelga de campesinos 100. Huelga de trabajadores agrícolas Huelgas de grupos especiales 101. Rechazo de trabajos forzosos 102. Huelgas de presos 103. Huelgas de oficios (p. ej., de costureras) 104. Huelgas profesionales (asalariados o autónomos) Huelgas sectoriales normales 105. Huelga en el centro de trabajo 106. Huelga sectorial 107. Huelgas de solidaridad (prohibidas durante el régimen de M. Thatcher) Huelgas restringidas 108. Huelga al detalle (dejar de trabajar o marcharse de uno en uno) 109. Huelga «paragolpes» (cada vez en una empresa distinta) 110. Huelga de trabajo lento 111. Huelga de celo 112. Huelga de bajas por enfermedad 113. Huelga por dimisión 114. Huelga limitada (p. ej., negarse a trabajar fuera de las ocho horas diarias) 115. Huelga selectiva Huelgas multisectoriales 116. Huelga generalizada (sin llegar a participar la mayoría de los sectores económicos) 117. Huelga general Combinaciones de huelga y de cierre económico 118. Hartal (suspensión de la actividad económica en señal de protesta política, India) 119. Paralización económica (todo el mundo)
MÉTODOS DE DESOBEDIENCIA POLÍTICA
Rechazo de la autoridad 120. Interrupción o retirada del apoyo 121. Negarse a mostrar apoyo en público 122. Libros y alocuciones en favor de la resistencia Desobediencia ciudadana hacia el gobierno 123. Boicot de los órganos legislativos 124. Boicot de elecciones 125. Boicot de empleos y cargos públicos 126. Boicot de departamentos, agencias y otros organismos gubernamentales 127. Retirada de las instituciones educativas gubernamentales 128. Boicot a organizaciones respaldadas por el gobierno 129. Negarse a colaborar con los agentes de la autoridad 130. Retirada de carteles y distintivos propios 131. Rechazo de nombramientos 132. Negarse a disolver las instituciones existentes Alternativas a la obediencia ciudadana 133. Mostrarse reacio y tardar en cumplir las normas (p. ej., pago de impuestos) 134. Desobediencia cuando no existe supervisión directa 135. Desobediencia popular 136. Desobediencia camuflada 137. Negarse a disolver una asamblea o reunión 138. Sentada 139. No colaborar en reclutamientos y deportaciones 140. Ocultarse, huir y usar identidades falsas 141. Desobediencia civil de las leyes «ilegales» (p. ej., al pago del impuesto sobre la sal en la India colonial) Acciones por parte de los gobiernos 142. Negarse selectivamente a proporcionar ayudas gubernamentales 143. Bloqueo de líneas de mando e información 144. Obstaculización y obstrucción (científicos involucrados en la investigación atómica en la Alemania nazi) 145. No colaboración administrativa en general 146. No cooperación judicial 147. Ineficacia deliberada y no cooperación selectiva por parte de los agentes de la autoridad 148. Levantamiento militar Acciones gubernamentales a escala nacional 149. Evasivas y retrasos cuasilegales 150. No colaboración por parte de ciertos departamentos gubernamentales Acciones gubernamentales a escala internacional 151. Cambio de representaciones diplomáticas y de otros tipos 152. Retraso y cancelación de encuentros diplomáticos 153. Retirada del reconocimiento diplomático 154. Ruptura de relaciones diplomáticas 155. Retirada de organismos internacionales 156. Negarse a pertenecer a organismos internacionales 157. Expulsión de organizaciones internacionales (la Liga de Naciones expulsó a la URSS tras atacar Finlandia en 1939)
MÉTODOS DE INTERVENCIÓN NO VIOLENTA
Intervención psicológica 158. Autoexposición a los elementos 159. Ayuno:
a) Ayuno de presión moral (San Patricio para un trato mejor a los esclavos) b) Huelga de hambre (incluso llegando a la muerte) c) Ayuno satyagrah (Gandhi, llegar a la autoconsciencia a través del sacrificio)
160. Juicio inverso (los defensores piden cuentas a fiscales y autoridades) 161. Acoso no violento Intervención física 162. Ocupación con sentada 163. Ocupación de pie 164. Entrar en medios de transporte público 165. Adentrarse en el agua (por ejemplo, en una playa) 166. Dar vueltas en grupo 167. Ocupación rezando 168. Incursión no violenta 169. Incursiones aéreas no violentas (p. ej., lanzando octavillas) 170. Invasión no violenta 171. Interposición no violenta (con el cuerpo) 172. Obstrucción no violenta (usando el cuerpo como barrera física) 173. Ocupación no violenta
Intervención social
174. Establecimiento de nuevas pautas sociales (mezcla social saltándose las barreras) 175. Sobrecarga de instalaciones 176. Enlentecimiento de negocios legales 177. Entrar en un lugar hablando 178. Representación teatral tipo guerrilla 179. Instituciones sociales alternativas 180. Sistema de comunicación alternativo (p. ej., periódicos alternativos)
Intervención económica 181. Huelga inversa (acudir a trabajar) 182. Encierro en el lugar de trabajo 183. Apropiación no violenta de terrenos 184. Quebrantamiento de bloqueos (Berlín durante la guerra fría) 185. Falsificación con fines políticos 186. Comprar recursos para impedir que otros accedan a ellos 187. Aprehensión de bienes 188. Dumping (venta deliberada por debajo del precio de coste) 189. Compra selectiva 190. Mercados alternativos 191. Medios de transporte alternativos 192. Instituciones económicas alternativas
Intervención política 193. Sobrecarga de los sistemas administrativos (exceso de cumplimiento de la legalidad por parte de los ciudadanos en protesta por la intervención de EE.UU. en Vietnam) 194. Divulgación de la identidad de agentes secretos 195. Búsqueda activa de encarcelamiento 196. Desobediencia civil a leyes «neutras» 197. Trabajo sin colaboración 198. Doble soberanía y gobierno paralelo (Irlanda, 1919)
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